Santo Domingo, República Dominicana — Los recientes movimientos sísmicos que han generado preocupación en distintos puntos de la región vuelven a colocar a República Dominicana frente a una pregunta que especialistas llevan años planteando: ¿qué ocurriría si un t3rr3m0t0 de gran magnitud impactara directamente el territorio nacional?
La preocupación no parte solamente de escenarios hipotéticos. República Dominicana se encuentra sobre una zona tectónicamente activa, en el límite de interacción entre las placas de Norteamérica y del Caribe, una condición que históricamente ha producido importantes movimientos de tierra en La Española.
La ingeniera sísmica Claudia Germoso, especialista del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), ha advertido que República Dominicana posee alrededor de 18 fallas geológicas activas.
Entre las estructuras consideradas de mayor importancia aparecen la Falla Septentrional, que atraviesa el norte del territorio desde Montecristi hasta Samaná, y la Falla de Enriquillo, localizada hacia el sur del país.
Germoso ha llamado especialmente la atención sobre la Falla Septentrional, señalando que presenta un período promedio de recurrencia cercano a 50 años para eventos sísmicos de gran escala.
República Dominicana conserva además el recuerdo del poderoso terremoto del 4 de agosto de 1946, ocurrido frente a la costa nordeste.
Documentos del Servicio Geológico Nacional (SGN) indican que aquel evento alcanzó aproximadamente magnitud 8.1 y produjo un tsun4m1 que afectó la costa norte dominicana, con olas que llegaron a alcanzar varios metros y provocaron cientos de pérdidas humanas.
Han transcurrido aproximadamente 80 años desde aquel gran evento, por lo que especialistas insisten en que la preparación no debe comenzar después de una emergencia.
El desafío, sin embargo, va mucho más allá de detectar rápidamente un movimiento de tierra.
República Dominicana cuenta con protocolos de vigilancia y respuesta frente a amenazas sísmicas y tsun4m1s mediante instituciones como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y otros organismos nacionales.
De hecho, el 25 de junio de 2026 el COE gestionó una alerta preventiva por posible tsun4m1 para diferentes provincias de la costa sur dominicana, que posteriormente fue descontinuada cuando desapareció la amenaza.
Esa capacidad de emitir avisos representa una herramienta importante para proteger a la población, especialmente en comunidades costeras.
Pero existe una limitación fundamental: ninguna alerta puede reforzar en segundos una columna, corregir una edificación construida deficientemente o impedir el c0l4ps0 de una estructura vulnerable.
Ahí aparece uno de los mayores desafíos nacionales.
La seguridad frente a un gran terremoto depende también del cumplimiento de los códigos de construcción, los estudios geotécnicos, la calidad de los materiales, el diseño estructural, la supervisión profesional y el mantenimiento de las edificaciones.
El propio Servicio Geológico Nacional ha advertido anteriormente sobre el crecimiento urbano acelerado y la existencia de construcciones realizadas sin suficientes criterios técnicos, especialmente en comunidades vulnerables.
La expansión inmobiliaria dominicana añade otra dimensión al problema.
Las estadísticas disponibles indican que durante 2025 fueron emitidas 1,362 licencias de construcción, frente a 1,531 registradas durante 2024.
Esas 1,362 licencias estuvieron asociadas a 4,163 construcciones y 32,471 unidades habitacionales proyectadas.
Sin embargo, comparar directamente las 4,163 construcciones con las 1,362 licencias y concluir que las 2,801 restantes fueron construidas ilegalmente sería incorrecto.
Una misma licencia puede corresponder a proyectos que contienen múltiples edificaciones o unidades, por lo que ambos indicadores miden elementos diferentes.
Lo que las cifras sí muestran es la enorme dimensión que mantiene la actividad inmobiliaria y la necesidad de que el crecimiento urbano esté acompañado por controles técnicos capaces de garantizar seguridad.
Uno de los casos más llamativos aparece en La Altagracia, actualmente uno de los principales polos de expansión inmobiliaria de República Dominicana.
Durante 2025 esa provincia registró 1,642 construcciones, alrededor del 40 % del total nacional reportado en esas estadísticas, mientras fueron contabilizadas 264 licencias.
Santo Domingo registró 827 construcciones y 290 permisos; Santiago contabilizó 250 construcciones y 219 permisos, mientras el Distrito Nacional presentó 186 proyectos frente a 234 autorizaciones.
Nuevamente, esas diferencias no constituyen por sí mismas evidencia de construcciones irregulares, pero permiten dimensionar la velocidad con la que algunas zonas del país están transformándose.
La situación adquiere todavía mayor importancia en áreas como Punta Cana, Bávaro, Santo Domingo y Santiago, donde el desarrollo vertical y los grandes proyectos residenciales continúan modificando el paisaje urbano.
Mientras más personas se concentran dentro de edificios de varios niveles, mayor importancia adquieren la calidad estructural, las rutas de evacuación, los espacios abiertos, la capacidad hospitalaria y el acceso de los organismos de emergencia.
También existen comunidades dominicanas donde las vulnerabilidades son diferentes.
Miles de viviendas se encuentran próximas a cañadas, pendientes, riberas y otros terrenos donde pueden combinarse amenazas sísmicas, inundaciones, deslizamientos y dificultades de acceso.
En esos lugares, una emergencia importante podría afectar simultáneamente viviendas, carreteras, puentes, sistemas eléctricos, comunicaciones y servicios de agua.
Un t3rr3m0t0 fuerte tampoco afectaría necesariamente de la misma manera a todas las edificaciones.
La respuesta de cada construcción depende, entre otros elementos, del terreno donde fue levantada, su antigüedad, materiales, configuración estructural, altura, diseño y cumplimiento de las normas sismorresistentes.
Por eso, especialistas como Claudia Germoso han insistido en que la preparación dominicana debe enfocarse especialmente en reducir la vulnerabilidad estructural.
La prevención también involucra a las familias.
Conocer los puntos seguros de una vivienda, identificar objetos que puedan desprenderse, mantener despejadas las salidas, saber cómo actuar durante el movimiento y establecer previamente un punto de encuentro familiar pueden marcar diferencias durante una emergencia.
Para el Estado, el desafío es considerablemente mayor.
Implica revisar infraestructura crítica, hospitales, escuelas, estaciones de bomberos, puentes, elevados, túneles, presas y edificaciones públicas, además de fortalecer la fiscalización de las nuevas construcciones y evaluar estructuras antiguas que pudieran requerir reforzamiento.
También supone preparar a los organismos de respuesta para un escenario en el que numerosas emergencias podrían ocurrir simultáneamente.
El terremoto de 1946 demostró que República Dominicana posee antecedentes de eventos capaces de generar consecuencias importantes.
Ocho décadas después, el país tiene ciudades considerablemente más grandes, mayor densidad poblacional, miles de nuevas edificaciones y una infraestructura mucho más compleja.
Esa transformación puede convertirse en fortaleza cuando las construcciones cumplen correctamente las normas modernas, pero también puede aumentar la exposición cuando existen vulnerabilidades.
Los t3rr3m0t0s no pueden evitarse y todavía no existe una tecnología capaz de predecir con exactitud el día, la hora y el lugar en que ocurrirá uno.
Lo que sí puede reducirse es el nivel de riesgo antes de que llegue la emergencia.
República Dominicana cuenta con instituciones de respuesta, monitoreo sísmico, protocolos frente a tsun4m1s y normas para las construcciones. El desafío consiste en determinar si esas herramientas, junto con la preparación ciudadana y la calidad de las edificaciones, serían suficientes frente a un evento verdaderamente grande.
Porque cuando la tierra comienza a moverse, ya es demasiado tarde para corregir una columna, reforzar una vivienda o revisar una obra.
La verdadera preparación ocurre antes.
Y después de aproximadamente 80 años desde el gran terremoto de 1946, la pregunta que permanece para República Dominicana no es cuándo exactamente llegará el próximo gran movimiento, algo que la ciencia no puede determinar con precisión.
La pregunta es otra: si ocurriera mañana, ¿qué tan preparadas estarían nuestras viviendas, edificios, hospitales, escuelas y ciudades para resistirlo?
