Como parte del seguimiento al lamentable hecho en La Victoria en el que resultaron muertos tres presos y diez heridos, la jueza Miriam Germaine Brito reiteró ante los encargados del sistema penitenciario su interés en determinar dónde se encuentran las armas de fuego al interior del recinto. prisión. prisión.
“El magistrado Germán Brito, quien sigue de cerca este hecho, nos reiteró sus instrucciones para que la investigación determine en tiempo y forma cómo los presos de La Victoria pudieron adquirir armas de fuego”, explicó el titular de la Dirección General Penitenciaria. y Servicios Penitenciarios (DGSPC).
Germán Brito ha venido manteniendo reuniones de trabajo con Hernández Basilio y la Directora del Centro de Rehabilitación Correccional Hilda Patricia Lagombra Polanco. Diario Libre.
El magistrado del condado lamentó la penosa situación que atraviesan los familiares de los muertos y heridos. Al mismo tiempo, recuerda, superar los problemas que han acumulado las cárceles durante décadas requirió de la voluntad de toda la sociedad dominicana, así como de los recursos necesarios, dijo Hernández Basilio.
El titular de la DGSPC informó a la Fiscalía que el preso con mayor responsabilidad en la reyerta será trasladado a otro centro, mientras continúan las investigaciones por violencia contra la integridad de presos y celadores.
Cinco de los heridos recibieron impactos de bala, igual que los tres fallecidos. Nueve de los afectados fueron dados de alta desde los tres hospitales que los atendieron y uno continúa en observación, todos en condición estable.
Luego de ocurridos los hechos, las autoridades penitenciarias, acompañadas de tres fiscales y miembros de la Policía, realizaron requisas simultáneas en las celdas 1 y 2, así como 3 y 4, y ocuparon 23 teléfonos celulares, tres routers para internet y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, así como un total de 119,000 pesos y 21 dólares a seis de los internos del área.
“Debemos reconocer que estos males en La Victoria tienen mucho que ver con un sistema que históricamente ha tenido deficiencias estructurales y estamos hablando de un recinto que ahora tiene una población de más de 7,000 privados de libertad”, dijo Hernández Basilio.
“Hace un tiempo el Estado inició la construcción de un recinto en Las Parras, en el municipio Guerra, de la provincia Santo Domingo, pero ese proyecto, como todos sabemos, forma parte de un expediente del Ministerio Público y está en proceso de una auditoría por la Cámara de Cuentas”, añadió.
Adelantó que la Procuraduría General de la República ha dispuesto una serie de medidas para aplicación inmediata que buscan adecentar el sistema penitenciario.