El miércoles, un juzgado de tránsito cambió las precauciones contra el conductor de autobús Franklin Nin Pérez, quien se vio involucrado en un accidente en la avenida del Este en la provincia de La Altagracia que dejó cinco turistas muertos, 47 personas resultaron heridas.
Según el abogado defensor Emmanuel Rivera Rodríguez, el juez sostuvo que el imputado debe cambiar la prisión preventiva sexual.
El juez otorgó una garantía económica de 1,5 millones de pesos a través de una compañía de seguros y colocó barreras de salida. Los avalistas de Franklin Nin Pérez son su hermano Ángel Nin Pérez y el diputado y líder de tránsito Leonte Torres.
“Entendemos que esta medida del juez es sensata dado que el acusado ha cumplido 10 meses y tres días de prisión”, dijo.
La pena mínima, dijo, según lo estable la ley 63-17, es un año cuando hay fallecidos y tres años la máxima. «No importa la cantidad de personas que hayan fallecido, es la ley que establece esas puntualizaciones», expuso.
En ese sentido, el abogado dijo que el juez entendió que el chófer ya lleva un tiempo prudente bajo prisión, ya el Ministerio Público presentó un acto conclusivo, las querellas fueron depositadas y presentadas, por tanto, no hay razón para que su cliente esté en prisión preventiva, pues, es una medida «excepcional».
Víctimas se oponen
De su lado, el abogado de 29 de las víctimas, Carlos de Jesús Herrera, sostuvo que se opusieron a solicitud de variación de la medida. Entiende que la libertad de Nin Pérez genera un pacto social, ya que, es lamentable que haya sido inobservada la gravedad del hecho.
Más allá de lo antes planteado, cita que en el siniestro se vieron implicados 51 pasajeros y fallecieron cinco personas, además de las decenas de personas que quedaron con lesiones permanentes y amputaciones, lo que es lamentable.
Aplazan audiencia preliminar
Además, la audiencia prelimiar del caso que se le sigue a Nin Pérez fue aplazada para el 11 de octubre.
Según el abogado de Nin Pérez, Emmanuel Rivera Rodríguez, la audiencia preliminar que estaba programada para hoy fue aplazada porque las víctimas, la mayoría de las cuales son extranjeras, presentaron una querella contra el Ministerio de Turismo (Mitur), pero notificaron dicha querella hace dos días.
Agregó que el Artículo 299 del código establece que la parte acusada tiene un plazo de cinco días, lo cual no se ha cumplido hasta la fecha de hoy.
«El Ministerio de Turismo estuvo presente, pero no estaba preparado para la audiencia, por lo que solicitaron al magistrado Gregorio Torres Spencer que les sean nofiticadas notificaran las querellas y la acusación para poder presentar su escrito de defensa y referirse a las querellas y la acusación», expresó.
Cuando se le preguntó al abogado del Ministerio de Turismo, se limitó a decir que aún no podía hacer referencia al caso.
