El numerólogo Cristian Casablanca se encuentra entre los que supuestamente se beneficiaron de la eliminación de antecedentes penales en la llamada Operación Gavilán.
Lenín Solano, uno de los abogados defensores, dijo que Adrián Salcedo (nombre de Casablanca), del Ministerio Público (MP), solicitaría a los «gurús de los números» poner barreras de salida.
“No puedo explicar en detalle porque la investigación está en curso, pero el nombre surgió en el caso”, explicó Torgado.
Actualmente, el juez Rigoberto Sena de la Fiscalía Permanente de la Región Estatal continúa conociendo las medidas coercitivas contra los 12 imputados de una llamada red de fiscales, empleados administrativos y policías, cuya estructura estatal trabaja desde hace años para expurgar. antecedentes penales a cambio de sobornos.
Cabe mencionar que Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución, asistió a una audiencia a puertas cerradas que duró más de seis horas en representación de congresistas.
El órgano fiscal informó que mediante peritaje técnico se determinó que a 16.958 personas se les quitaron las “fichas” por el soborno del imputado.
Según los informes, en el juicio de hoy, algunos acusados continuaron negociando con los legisladores para reducir las posibles sentencias.
Los imputados son Mártires Rosario Reyes, impulsor del sistema de justicia en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio Público; Rubén Dario Morban Santana Darío Morbán Santana, Jefe de Sección Técnica del Ministerio Público de Santo Domingo y su esposa, Laudelina Ester Reyes. Silva.
Asimismo, los empleados del Ministerio Público, Pilar Irenez Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, y los coacusados Yokira Elizabeth Carmona, el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, miembros de la Policía Nacional Ashley Dalene Morban Reyes Anthony Vincent Ferrer Moneg Romanki Alexandre Dottel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La calificación legal del caso es asociación para delinquir, cohecho, ciberdelito y lavado de activos, y enfrentan códigos de imputación por los delitos enumerados en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 de la Código Penal dominicano.
También violó la Ley No. 41-08 de la Función Pública, el artículo 6, Numeral 10, de la Ley No. 53-07, de Delitos y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 3, de la Ley No. 155-17, en perjuicio del Estado dominicano.